Xalapa, Ver.— A pesar de haber sido rechazados en las recientes elecciones judiciales, varios magistrados del estado continúan ocupando puestos clave dentro del Poder Judicial de Veracruz. Esta permanencia, según expertos y voces ciudadanas, responde más a relaciones políticas y privilegios de élite que a un verdadero respaldo democrático o mérito profesional.

Los casos más notorios son los de Antonio Sobrevilla Castillo, exconsejero de la Judicatura, y María del Socorro Hernández Cadena, magistrada en funciones. Ambos fueron contundentemente rechazados en las urnas: Sobrevilla acumuló un margen de 467,945 votos en contra, mientras que Hernández Cadena obtuvo apenas 29,460 votos. A ellos se suma Alma Rosa Flores Ceballos, cuya intención de reelegirse también fue rechazada por la ciudadanía.

Pierden en las urnas…

Pero llegan al control del poder administrativo y de los dineros del pueblo

Lejos de retirarse o rendir cuentas, estos mismos personajes, junto con otros como Víctor Luis Priego López y Diana Adiveth Cruz Villegas, hoy controlan la administración de recursos financieros, humanos y materiales del Poder Judicial. Esta situación ha generado fuerte inquietud entre sectores sociales y jurídicos del estado.

“La continuidad de estos funcionarios, pese al claro rechazo ciudadano, pone en duda los procesos de selección y la transparencia institucional. Es una muestra del poder que no se gana en las urnas, pero se mantiene por influencia”, señaló un jurista veracruzano que pidió el anonimato.

¿Quién vigila a quienes administran justicia?

A esto se suma la opacidad en la revisión del manejo de recursos dentro del Poder Judicial, una situación que agrava la desconfianza pública en la imparcialidad y eficacia del sistema.

Organizaciones ciudadanas y académicos han empezado a exigir una auditoría externa e independiente, así como una reestructuración de los procesos de evaluación y permanencia de magistrados.

“La justicia no puede estar en manos de quienes no cuentan con la legitimidad social. Si no se limpia el poder judicial, el acceso a la justicia seguirá siendo un privilegio y no un derecho”, advirtió recientemente la politóloga Carmen Zamora, en reciente foro sobre ética pública.